Un reciente auto del juez Garzón recoge la existencia de indicios de que dos personajes relevantes del PP, el eurodiputado Gerardo Galeote y el tesorero del partido Luis Bárcenas, han aceptado sobornos por no importa que cantidades y que gestiones. Ni cuál sea la cantidad, ni en qué consisten las gestiones compradas, son para mi lo importante, lo relevante es el hecho. No seré yo quien les niegue, en principio, la presunción de inocencia. Tampoco voy a menospreciar el valor de las acusaciones en función de que quien las hace sea un juez de historial tan peculiar -por decirlo suavemente- como el del juez Garzón, un personaje sinuoso, con veleidades políticas conocidas y con un historial de idas y vueltas que conoce en sus propias carnes el partido del gobierno y que no voy a recordar aquí. Me gustaría por ello que el auto viniera de manos de un juez menos veleidoso y mucho menos dado al protagonismo público. Sin embargo tampoco eso es para mi lo relevante.
Lo relevante es que, al parecer, existen indicios sólidos de corrupción en éstos y en otros personajes políticos, que utilizan una profesión, que se supone de servicio a la ciudadanía, como un instrumento de enriquecimiento personal a cambio de una perversión intolerable de su oficio. Se supone, o debería suponerse, que quien decide dedicarse a la política lo hace respondiendo a una vocación de servicio a la comunidad y que, a cambio de este servicio, recibe una compensación económica que le permite vivir dignamente, generalmente en unos niveles confortables, muy por encima del ciudadano medio. Y sin embargo estos personajes indeseables -y no me refiero sólo a los dos aludidos más arriba, si se demuestra su culpabilidad- se olvidan del sentido genuino de su profesión y la prostituyen de forma tan descarada como lamentable en beneficio de su enriquecimiento personal. Ellos son los primeros que deben ser objeto de la mayor de las reprobaciones. No en vano, aparte del comportamiento delictivo, si lo hubiere, son responsables de un fraude inaceptable al conjunto de los ciudadanos que, directa o indirectamente han depositado en ellos su confianza.
Pero, aparte de dar por sentada la responsabilidad personal y de reprobar vivamente a quien así se comporta, quiero llamar especialmente la atención sobre la resposabilidad colectiva que deben asumir ante la ciudadanía los grupos políticos que proponen, nombran, mantienen, e incluso defienden, a personajes que probablemente no merecían ser propuestos y nombrados para cargos públicos y que, a posteriori, no merecen ser mantenidos y mucho menos defendidos una vez que la honestidad de su gestión está en tela de juicio, incluso si todavía no existe una sentencia judicial inculpatoria. Los ciudadanos no nos merecemos una actitud justificativa, ni siquiera tibia, de los partidos con estos personajes indeseables que sacrifican a su codicia la nobleza de una actividad de servicio como la política. Los partidos no pueden convertirse en avales de una afirmación que yo considero injusta por simplificadora y generalizante, pero que cada vez parece tener más defensores: la de que "los políticos van a lo suyo y son todos iguales". Precisamente deberían ser los políticos honestos, seguramente la mayoría, quienes tuvieran mayor interés en hacer desaparecer de sus grupos a estos especímenes insolidarios y codiciosos que merecen toda la reprobación ciudadana y que no son dignos del honroso título de políticos.
Es todo por hoy. Buenas tardes y hasta la próxima.
Lo relevante es que, al parecer, existen indicios sólidos de corrupción en éstos y en otros personajes políticos, que utilizan una profesión, que se supone de servicio a la ciudadanía, como un instrumento de enriquecimiento personal a cambio de una perversión intolerable de su oficio. Se supone, o debería suponerse, que quien decide dedicarse a la política lo hace respondiendo a una vocación de servicio a la comunidad y que, a cambio de este servicio, recibe una compensación económica que le permite vivir dignamente, generalmente en unos niveles confortables, muy por encima del ciudadano medio. Y sin embargo estos personajes indeseables -y no me refiero sólo a los dos aludidos más arriba, si se demuestra su culpabilidad- se olvidan del sentido genuino de su profesión y la prostituyen de forma tan descarada como lamentable en beneficio de su enriquecimiento personal. Ellos son los primeros que deben ser objeto de la mayor de las reprobaciones. No en vano, aparte del comportamiento delictivo, si lo hubiere, son responsables de un fraude inaceptable al conjunto de los ciudadanos que, directa o indirectamente han depositado en ellos su confianza.
Pero, aparte de dar por sentada la responsabilidad personal y de reprobar vivamente a quien así se comporta, quiero llamar especialmente la atención sobre la resposabilidad colectiva que deben asumir ante la ciudadanía los grupos políticos que proponen, nombran, mantienen, e incluso defienden, a personajes que probablemente no merecían ser propuestos y nombrados para cargos públicos y que, a posteriori, no merecen ser mantenidos y mucho menos defendidos una vez que la honestidad de su gestión está en tela de juicio, incluso si todavía no existe una sentencia judicial inculpatoria. Los ciudadanos no nos merecemos una actitud justificativa, ni siquiera tibia, de los partidos con estos personajes indeseables que sacrifican a su codicia la nobleza de una actividad de servicio como la política. Los partidos no pueden convertirse en avales de una afirmación que yo considero injusta por simplificadora y generalizante, pero que cada vez parece tener más defensores: la de que "los políticos van a lo suyo y son todos iguales". Precisamente deberían ser los políticos honestos, seguramente la mayoría, quienes tuvieran mayor interés en hacer desaparecer de sus grupos a estos especímenes insolidarios y codiciosos que merecen toda la reprobación ciudadana y que no son dignos del honroso título de políticos.
Es todo por hoy. Buenas tardes y hasta la próxima.
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