Afortunadamente tenemos el privilegio, que no es universal, de vivir en un país con una constitución democrática. Quienes hemos vivido una parte no pequeña de nuestra vida los años de la dictadura sabemos, o deberíamos saber y tener bien presente en la memoria, el valor de un hecho como éste, incluso si pensáramos que la constitución actual no es la mejor de las posibles y que no es capaz de satisfacer al cien por cien nuestras aspiraciones. Entre otras cosas porque las aspiraciones individuales y de grupo de todos los ciudadanos no son idénticas y no siempre resulta posible conciliarlas. Precisamente por eso cualquier constitución democrática, incluída la española, prevé los mecanismos que podrían conducir a su modificación si se diera un consenso suficiente al respecto. Y, precisamente por eso, aunque no se pueda pretender que todo el mundo la ame apasionadamente, sí que es exigible que se le reconozcan sus méritos, se la acate, se la respete y se la defienda contra cualquier intento de pasarla por encima.
Viene esto a cuento de que, estando como estamos a tres días de la celebración del día de la constitución, uno no deja de sentir cierta perplejidad ante las manifestaciones de algunos de nuestros políticos que, en mi opinión, son expresivas no ya de una falta de entusiasmo por ésta constitución -que eso no es exigible-, sino de una falta del respeto y del acatamiento debido a una norma básica que reconoce y defiende nuestros derechos fundamentales y que estructura y regula la convivencia entre ciudadanos y las relaciones interterritoriales. Aceptando como aceptamos que puede mejorarse, el respeto y el acatamiento no están para nada reñidos con la aspiración a que pueda mejorarse en el futuro.
Para ser más concreto voy a referirme a las manifestaciones, que aparecen en la prensa de hoy, de dos políticos bien distintos: uno es el presidente del PNV de Álava, Iñaki Gerenabarrena, y otro el presidente del gobierno Rodríguez Zapatero. Al criticar la prevista presencia de Patxi López, actual lehendakari del gobierno vasco, en los actos de celebración del día de la constitución, dice Iñaki Gerenabarrena que “se equivoca de arriba a abajo al festejar una constitución en la que la mayoría de los vascos no se siente cómoda”. Y añade que “va a hacer un gesto político en contra de la opinión de la mayoría social y política de este país” (el País Vasco se entiende). Unas manifestaciones que responden bastante bien a una tendencia desmedida -muy común por otro lado en nuestra sociedad- a realizar afirmaciones categóricas con base en los sentimientos y deseos personales más que en datos objetivos. Porque ¿con qué fundamento objetivo puede afirmar que el presidente de un gobierno, que lo es en función de la relación de fuerzas salida de las urnas, hace un gesto político en contra de la opinión de la mayoría social y política? ¿Con qué parámetros, al margen de los resultados de las urnas, puede medirse mejor lo que son mayorías sociales y políticas? Por la misma regla de tres debería Gerenabarrena asumir también que cuando su partido, estando en el poder, se ausentaba de las celebraciones, hacía también un gesto en contra de la mayoría social. Y sin embargo creo que su actuación era legítima, tan legítima como la del lehendakari actual. Legítima sí, pero probablemente poco cortés y seguramente un tanto injusta , sobre todo si tenemos en cuenta que de la constitución actual surgió el desarrollo de la autonomía vasca que ha permitido al PNV encabezar el gobierno durante las tres últimas décadas.
La otra manifestación a la que aludía más arriba le pertenece al presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, que respondiendo a una pregunta en el Parlamento expresó ayer su deseo de que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto Catalán confirme la constitucionalidad del mismo. Humanamente entiendo su deseo, teniendo en cuenta su arriesgado compromiso de partida de dar por bueno sin más lo que saliera del Parlamento de Cataluña, pero debe entender que la manifestación pública de su deseo tiene visos de ser una presión más, de las muchas que se vienen ejerciendo sobre un tribunal que no está para complacer deseos de parte, sino para juzgar de la constitucionalidad o no de un texto legal como es el Estatuto. Por eso lo políticamente correcto -y él es hoy el político español de más rango- es que desee que el Tribunal Constitucional resuelva de la forma más escrupulosa y neutral posible sobre el texto en cuestión. Eso es honrar y respetar la constitución. Una condición necesaria para exigir a todos los demás, de él para abajo, que la respeten también. Y dicho esto, quiero dejar constancia de que sería bueno que el Estatuto fuera declarado constitucional, si es que efectivamente lo es, pero no porque se estén produciendo presiones tremendas al tribunal desde diferentes ángulos.
Buenos días y hasta la próxima
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