sábado, 12 de diciembre de 2009

De nuevo el debate sobre el aborto

El 25 de marzo de este mismo año hacía yo una entrada en este blog con el título Reflexiones en torno al aborto. En ella daba cuenta de algunas convicciones personales al respecto, pero sobre todo de mis muchas dudas. Al hacerlo trataba de tener en cuenta tanto las aportaciones de la ciencia como las consideraciones éticas. Para ser coherente con el reconocimiento de mis muchas dudas, ni pretendía entonces, ni pretendo ahora convencer a nadie de nada. Las cuestiones de conciencia -y esta lo es- merecen ser abordadas con el máximo respeto. Y me refiero tanto al respeto de las conciencias y las convicciones personales como al respeto al rigor intelectual, el rigor que merece el tratamiento de un tema tan sensible y tan complejo.

Lo digo porque acabo de leer un artículo de Mª Teresa Laespada, parlamentaria del PSOE y secretaria de Libertades Públicas y derechos de Ciudadanía del mismo en el que, junto a algunas ideas que suscribo, me he encontrado con algunos razonamientos que parecen pensados más para tratar de apuntalar una posición adoptada de antemano que para llegar a ella a través de una fundamentación rigurosa.

Por referirme primero a los acuerdos, comparto la idea de que en el pasado -no ya tan reciente-, muchos embarazos no deseados fueron resultado de una política oscurantista y represiva en el ámbito del sexo, que se traducía en la falta de cualquier educación sexual, en la dificultad e incluso imposibilidad de utilizar métodos anticonceptivos que no fueran los conocidos como “naturales” (aunque algunos tuvieran poco de tales) y, como consecuencia, en embarazos no deseados que, para más “inri”, dejaban señalados con el dedo a sus protagonistas., especialmente a la mujer, si no estaba cristianamente casada. A esto se añadía que, mientras las embarazadas con recursos podían permitirse optar por el aborto en el extranjero, las que no disponían de los mismos una de dos, o seguían adelante con un embarazo no deseado, soportando incluso la afrenta social, o se sometían a abortos clandestinos en condiciones de más que dudosa seguridad, asumiendo de paso el riesgo de ser sometidas a juicio y condenadas.

Comparto también la idea de que la ley del aborto todavía vigente -y que también lo estaba bajo gobiernos del PP, sin que éste propusiera ningún cambio- permitía en la práctica que cualquier mujer con un embarazo no deseado pudiera abortar acogiéndose al supuesto de posible daño para la salud mental o física de la madre, un cajón de sastre que parece que ha venido cobijando a más del 95% de los abortos practicados legalmente.

Estoy igualmente de acuerdo en que no se puede confundir pecado con delito, siendo como es el primero una cuestión de moral asociada a la religión y el segundo una transgresión de la legislación civil. Así que, desde la aceptación de que tanto los obispos, como los creyentes de a pie, en pie de igualdad con el resto de los ciudadanos, tienen derecho a expresar sus opiniones, es a la autoridad civil, democráticamente elegida y representada por el Parlamento, a quien compete legislar al respecto desde los principios de una ética civil orientada a la protección y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Hasta aquí los acuerdos. Ahora bien, no puedo por menos que discrepar profundamente con algunos de los argumentos que se utilizan en el artículo de referencia para avalar el proyecto actual. Sorprende para empezar que utilice como argumento el derecho de la mujer a no ser madre. Nada que decir a ese derecho, faltaría más. Lo que no entiendo es que, a día de hoy, se pueda utilizar el recurso al aborto como herramienta para garantizar ese derecho. Afortunadamente vivimos en una sociedad en que la educación sexual, o al menos la información básica al respecto, ha dejado de ser tabú en las aulas y ha dejado o está dejando de serlo en gran parte de las familias. Por si fuera poco vivimos en un país en que se puede adquirir preservativos en farmacias, en supermercados y hasta en los bares. Y, por si no fuera suficiente, se puede acudir libremente a la píldora del día después. Existen además asociaciones que facilitan asesoramiento a adolescentes y jóvenes que deseen información. ¿Se entiende acaso que todo este conjunto de posibilidades no es suficiente para permitir que una mujer haga uso de ese derecho? Sinceramente, a estas alturas de la película, no me lo creo.

Un segundo desacuerdo se refiere a la insinuación de que, puesto que en nuestra sociedad se están produciendo muchos abortos, hay que adaptar la legislación a la realidad social legalizándolo y estableciendo las condiciones bajo las cuales ha de hacerse para que tenga lugar en las mejores condiciones. Llevando este argumento a lo que seguramente la propia señora Laespada consideraría un absurdo, podríamos decir también que, puesto que la corrupción política se ha convertido en un comportamiento bastante instalado entre muchos políticos de distinto signo, ¿por que no acomodarse a la realidad social y establecer una ley que legalice la corrupción y establezca los términos en que ésta ha de ser llevada a efecto?. Absurdo ¿no?. Desde luego. Pero, como argumento, ni más ni menos absurdo que el que propone la legalización del aborto porque es un hecho real y frecuente en nuestra sociedad. Y no digo que no haya que legislar, sólo digo que un asunto tan delicado merece mejores argumentos.

El tercer desacuerdo, en el que me parece necesario poner el acento , tiene que ver con la aparente seguridad con que la autora se refiere como inspiradores de la ley a los principios de ética civil, apoyada en el progreso científico, que “ha establecido y elaborado algunos consensos mínimos sobre la vida en el seno materno”. No creo que esté tan claro que exista ese consenso en los principios de ética civil, ni desde luego existe el consenso científico, que la autora supone, sobre el comienzo de la vida humana. ´No abundaré aquí en el intento de argumentarlo. Ya lo hice en su día en la entrada del blog a la que me refería al principio. A ella me remito. Otra cosa es que los legisladores estimen que, incluso sin consenso, sea preciso legislar al respecto. Lo que no se debe hacer es dar por cierto lo que no está claro que lo sea. Ni es riguroso, ni es ético.

Buenos días y hasta la próxima.

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